Los datos son escalofriantes: 94 víctimas de
la violencia contra las mujeres en 2003. En total, 211
desde 2001, sumando las 24 que se llevan ya, a fecha
de este artículo, en 2004. Pero, como la punta
del iceberg, el dato de las víctimas mortales
esconde detrás una miseria mucho mayor: palizas,
agresiones, amenazas, coacciones, órdenes de
alejamiento quebrantadas, violencia física y
psíquica que, en un contexto legal más
que permisivo con la figura del agresor, siembran una
estadística macabra y vergonzante.
Desde que, en julio de 2003, se pusiera
en marcha la llamada orden de protección, han
sido más de 4000 las solicitudes. Todo un dato
que indica que el fenómeno de la violencia contra
las mujeres, lejos de remitir, avanza incontroladamente.
Lamentablemente, cuanto mayor es la denuncia social
del tema, más casos se producen, en un extraño
fenómeno en el que, para los maltratadores, resulta
un acicate la notoriedad pública que sus condenables
actos conllevan.
Bien es cierto que determinados hechos
en nada ayudan a disminuir esta macabra estadística:
sentencias judiciales, declaraciones de cargos públicos,
comportamientos de determinados personajes pero, sobre
todo, los desencuentros a la hora de legislar nuevos
textos que amparen a las víctimas, generan un
halo de inmunidad que refrenda, en muchos casos de maltratadores,
lo que sus retorcidas convicciones consideran justo
y necesario: la violencia.
Aún está fresca la imagen
del alcalde de Toques, Jesús Ares, expulsando
con aire chulesco, entre los vítores de sus poco
inteligentes incondicionales a los medios de prensa
de su ayuntamiento después de ser condenado por
abusos sexuales. Hoy, sigue firmemente asentado sobre
el sillón consistorial, ajeno a cualquier reproche
y expulsado de su propio partido, el PP. Eso sí,
sigue siendo alcalde.
Otro comentado caso fue el acontecido
en Ponferrada. Allí, el alcalde, Ismael Álvarez,
dimitió de su cargo tras ser condenado por acosar
a su concejala Nevenka Fernández, a quien el
fiscal García Ancos reprendió en pleno
juicio “Porque no era una empleada de Hipercor
que se debe dejar tocar el culo porque en ello le va
el sustento de sus hijos” (sic). Condenado y dimitido,
Ismael Álvarez puede pasear por Ponferrada, mientras
Nevenka Fernández tuvo que marchar de su pueblo,
sin destino conocido.
Más recientemente, un juzgado
de Barcelona añadía otra sentencia a los
anales del disparate, instaurando una figura, el maltratador
de fin de semana, por el que dejaba impune las agresiones
de un marido a su mujer porque “las hacía
de manera esporádica, en vacaciones”. A
buen seguro, fundamentada legalmente, pero sin ayudar
nada a las miles de víctimas silenciosas.
Pero, sin embargo, lo más sangrante
de este asunto es, sin duda, la lentitud de las reformas
legales. Lejos del tan solicitado Plan Integral, todos
los movimientos no son más que paños calientes
o soluciones de emergencia que puedan ayudar a salir
del paso. La sociedad no encuentra la manera de ayudar
a las víctimas porque no tiene resortes para
ello. Una mujer maltratada debe abandonarlo todo, vivienda
y trabajo incluidos, para afrontar un futuro más
que incierto, entre la indiferencia, cuando no el desprecio.
Mientras, la cifra de agresiones no disminuye. Más
bien, tiende a aumentar. Unos datos que deberían
producir una reflexión mucho más profunda.
Tampoco ayuda en nada la proliferación
de “famosas maltratadas” que utilizan su
pasado para recaudar exclusivas a golpe de recuerdo.
En los últimos meses, Carmina Ordóñez
y María Jiménez, entre otras, han aireado
su pasado matrimonial, previo pago, poniendo un tono
frívolo, falso y liviano a un asunto tan serio
como la violencia contra las mujeres, y dando una imagen
distorsionada que en nada mejora la situación
sino, más bien, todo lo contrario.
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